Un año después del desastre del vertedero de Zaldibar

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El derrumbe del vertedero vasco costó la vida a los trabajadores Alberto Sololuze y Joaqun Beltrn El cuerpo del segundo aún no se ha salvado El accidente provocó una crisis ambiental y política

Durango – Ha pasado un año desde aquel fatídico 6 de febrero. Eran las 16:00 horas y colapsó el vertedero de Zaldibar (Bizkaia), gestionado por la empresa Verter Recycling. Una avalancha de desperdicios y tierra sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, dos trabajadores que se encontraban en ese momento en la zona de la escalera del vertedero y que fueron tragados por la montaña de desperdicios. Luego de meses de agonizantes búsquedas, fue el pasado mes de agosto cuando se encontraron los restos de Alberto, uno de los trabajadores fallecidos, mientras el dispositivo continúa ubicando al segundo trabajador, Joaquín, sin resultados hasta la fecha.

El desconcierto y la preocupación eran palpables en la escena. Los primeros intentos de rescate fueron realizados ese mismo jueves por bomberos y ertzaine equipados con palas. Al día siguiente, el gobierno vasco suspendió la búsqueda de los dos empleados por la presencia de amianto entre los escombros. Además, el origen de varios incendios en la parte superior del vertedero ha complicado el escenario. Además, cuando el 9 de febrero Ekologistak Martxan advirtió de la posibilidad de que entre los residuos industriales almacenados en el vertedero pudiera haber trazas de lindano, un material considerado altamente tóxico.

Debido a la inestabilidad del terreno, el trabajo de investigación se suspendió hasta tres veces. Esa misma semana, vecinos de Zaldibar y ciudades vecinas como Ermua y Eibar crearon la plataforma Zaldibar Argitu e iniciaron varias movilizaciones para denunciar el incidente. Y es que el descubrimiento de que los residuos que contienen amianto habían sido almacenados en el vertedero ha generado más confusión y confusión.

Mientras continuaba la labor de investigación, análisis de residuos, calidad del aire y del agua, también se inició un proceso judicial para esclarecer las causas y responsabilidades de los hechos. El destacamento abrió una crisis ambiental, sanitaria y política en la CAV, en plena campaña preelectoral. El 11 de febrero, el tribunal de Durango abrió un caso para investigar el derrumbe y dos días después abrió un expediente sancionador contra el dueño del relleno sanitario, Verter Recycling, ya que las pruebas encontraron dioxinas y furanos en el aire en proporciones muy grandes. incendios en vertederos.

Seis días después del trágico suceso, el lehendakari Iñigo Urkullu se reunió con las familias de los desaparecidos y visitó el vertedero. La oposición criticó al líder de Jeltzale por no haber ido al lugar antes. Ante este atentado, dejó claro que su intención era «delimitar cada momento de presencia que implica sólo una puesta en escena».

Demostraciones Las manifestaciones y protestas iban en aumento. Miles de personas salieron a las calles para reivindicarse y aclarar lo sucedido. El pasado 18 de febrero Iñaki Arriola, entonces consejero de Medio Ambiente del ejecutivo vasco, aseguró que «la empresa Verter Recycling es plenamente responsable de la estabilidad del vertedero». En el mismo mes, la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de Eibar y Ermua también comparecieron como procesamientos privados por el derrumbe del vertedero.

Con el estado de alarma decretado el 14 de marzo, los trabajos de investigación en el relleno sanitario corren el riesgo de ralentizarse, pero finalmente se han incluido en la categoría de imprescindibles y prioritarios. Se descubrieron nuevas pistas el 5 de abril cuando se localizó el automóvil de Alberto Sololuze. Los esfuerzos de investigación continúan, pero sin noticias de los trabajadores. Para investigar lo ocurrido, la Consejería de Medio Ambiente encomendó a tres peritos una tasación con el fin de determinar las causas del deslizamiento de tierra. Posteriormente también solicitó una auditoría a una empresa consultora del Reino Unido.

Las noticias sobre la operación fueron escasas y surgió el desánimo entre las familias y amigos de los trabajadores. En mayo, sus familiares exigieron que no se detuviera la búsqueda. El verano avanza, al igual que el proceso judicial, y el 21 de julio la Ertzaintza detuvo a tres altos funcionarios de Verter Recycling, propietario del vertedero de Zaldibar. Dos días después, el juez procesó a los responsables del vertedero por homicidio imprudente, dejándolos en libertad provisional.

El 16 de agosto, a 23 metros de profundidad, donde los equipos de rescate llevaban más de seis meses trabajando duro, encontraron un residuo óseo. Al día siguiente, localizaron otros restos y varios objetos personales como cámara, correa, lentes de sol y candado. Finalmente, el 19 de agosto, las pruebas de ADN confirmaron que los restos humanos encontrados en el vertedero pertenecían a Alberto Sololuze.

Acusación popular Como parte del proceso judicial, la plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria aparecieron como fiscal popular a principios de octubre en el juicio por derrumbe del vertedero. Para apoyar los costos del proceso, lanzaron una popular campaña de recaudación de fondos.

Con el objetivo fundamental de encontrar a Joaquín Beltrán, el operativo de búsqueda inicia una nueva etapa el 15 de octubre cuando llega a una de las áreas prioritarias. A mediados de noviembre la búsqueda termina sin resultados y el trabajo se extiende a otras dos áreas. Con la llegada del nuevo año, el 20 de enero, el Gobierno Vasco cede la responsabilidad de los daños ocasionados por el derrumbe a Verter Recycling y concede a la gestora del vertedero un plazo de diez días hábiles, prorrogables por otros cinco, para depositar un proyecto a reparar el daño ambiental causado.

Dos días después, mediante declaración pública, Verter Recycling se niega a ser el «único» responsable de los daños y asegura que hay «responsabilidades de otros agentes intervenidos». El 29 de enero, el Juzgado de Instrucción No. 1 de Durango inició un proceso contra la empresa Verter Recycling y tres de los autores de un presunto delito ambiental causado por el derrumbe del vertedero.

Las notas

administración

Tormenta. El vertedero, un vertedero privado gestionado por la empresa Verter Recycling, se derrumbó el 6 de febrero de 2020 y provocó un gran revuelo en el País Vasco. Además de una crisis medioambiental, provocó una tormenta política, con polémicas entre los distintos grupos políticos en los días previos a las elecciones vascas (que luego fueron suspendidas por la pandemia) e incluso después.

Operando

Esperanza. Luego de meses de búsquedas infructuosas, el pasado mes de agosto se encontró el cuerpo de Alberto Sololuze, uno de los dos trabajadores que desaparecieron bajo los escombros. Desde entonces, el operativo de búsqueda ha trabajado para localizar a Joaquín Beltrán.

Movilización

Investigación. Ha sido un año de movilizaciones ciudadanas periódicas exigiendo responsabilidad por el derrumbe, que es objeto de una investigación judicial y por el que tres directivos de la gestora aparecen como sospechosos. La Comisión Europea también se interesó por lo sucedido.

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