El gobierno central abre la voluntad de reclamar los bienes no registrados de la Iglesia, «unos 5.000» en Navarra

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El Consejo de Ministros envía al Congreso la lista elaborada entre 1998 y 2015, que ahora será pública.

los gabinete envió al Congreso este martes una lista con 34,961 propiedades de la Iglesia no registradas entre 1998 y 2015 lo que abre el camino a posibles quejas sobre su propiedad. Ella fue la primera vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, persona designada para presentar este informe en la reunión del Consejo.

En Navarra se conoce 1.431 registros realizados antes de 1998. INSCRIPCIONES ANTES DE 1998 || INMATRICULACIONES DE 1998 A 2007 (PDF)

Pero el Plataforma de defensa del patrimonio insiste en que lo importante no es una lista que no aporte más información, sino las simples notas de cada grabación. Por ejemplo, en el caso de la Catedral de Sevilla, la nota simple se refiere a «anexos» igualmente no registrados, nada menos que el Patio de los Naranjos y la Giralda. «Esto es muy importante porque se deduce que cada registro contiene varios activos no registrados». Y aquí empiezan a sumar. Si a esos 1.431 bienes que la Iglesia indicó en su nombre en Navarra antes del nuevo siglo «porque la ley lo permitía y quería» sumar los 1.087 entre 1998 y 2007, dejar más de 2.500 registros.

Un hecho que, con el ejemplo de la Catedral de Sevilla, «nos permite plantear la muy razonable hipótesis de que los activos no registrados en Navarra durante el período superarán los 5.000«, sostiene la Plataforma. Aplicando la misma lógica, el estado superará los 100.000. La Plataforma insiste en necesidad de notas simples de tener pleno conocimiento del volumen y detalle de los bienes adjudicados por la Iglesia Católica, y teme que el Gobierno socialista, con la publicación de la lista, «sin duda parcial e insuficiente», pretenda con la Iglesia cerrar falsamente el asunto y el pasaporte «Olvidando los 100.000 bienes asignados por el episcopado».

El PSOE lleva años pidiendo la publicación de esa lista de registros eclesiásticos, y el Congreso ya aprobó en 2017 una propuesta no-ley en la que se instaba al gobierno a hacerlo.

En concreto, se solicitó la inclusión de los bienes no inscritos por la Iglesia en el registro de la propiedad (inscripción realizada por primera vez) desde 1998, fecha en la que, bajo el gobierno de José María Aznar, se ha modificado la ley de hipotecas.

Esta ley permitía a la Iglesia registrar edificios, apartamentos o granjas a su nombre solo con una certificación eclesiástica.

El Congreso ya instó hace cuatro años a analizar los documentos que acrediten los bienes utilizados por la Iglesia y, si no son suficientes o válidos, se puede reclamar la propiedad de estos bienes y de los que se consideren de dominio público que también hayan quedado sin registrar. . como la Mezquita de Córdoba.

Con la presentación del informe de gobierno al Congreso, esta lista será pública y los individuos podrán hacer las reclamaciones que consideren oportunas considerando que tienen derechos previos sobre su propiedad.

Identificar estas propiedades también fue una promesa de Pedro Sánchez en su debate de toma de posesión en enero de 2020, en el que se comprometió a realizar los cambios legislativos oportunos para facilitar la recuperación de los bienes que han sido registrados indebidamente por la Iglesia.

Los récords conocidos hasta ahora en Navarra

Entre 1998 y 2007, período del que hasta ahora se disponía de datos oficiales, la Iglesia de Navarra registró 1.087 inmuebles, dos catedrales, 651 parroquias, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas y casas, 26 locales, almacenes y garajes, 2 vestíbulos, 8 cementerios, 197 fincas, solares y terrenos, 38 prados, pastos y helechos, 12 viñedos, pinares y olivos y un frontón. Se estima que estas 1.087 entradas de propiedad le han costado a la Iglesia unos ridículos 25.000 euros.

Ciudad. El mayor número de inscripciones corresponde a Eslava, con 31. Le siguen Esteribar, con 28, Cendea de Cizur, con 27, Larraun con 24, Lónguida (21), Valle de Yerri (19), Cendea de Iza (18) y el Valle de Guesálaz (17).

Cementerios. Un caso curioso fue el de los cementerios. La Iglesia navarra registró ocho, pero no siguió adelante con la anotación, quizás por el escándalo que se había suscitado en su época en Albacete, cuando su Archidiócesis vendió un cementerio a una empresa constructora, que comenzó a excavar las tumbas ante la indignación de los ciudadanos.

Control. La Plataforma de Defensa del Patrimonio obliga al gobierno a vigilar el uso posterior del patrimonio restaurado y mantenido con fondos públicos, para que la empresa pueda disfrutar de una inversión «sin depender de que el párroco esté presente o no para enseñar a la iglesia». señalado en su día por la plataforma.

En Pamplona, ​​el más famoso. En Pamplona los templos de la Catedral de Santa María están registrados por la iglesia (en enero de 2007), mientras que el 5 de diciembre de 2003 se registraron las parroquias de San Lorenzo, San Saturnino, San Agustín y San Nicolás.

PAMPLONA

Catedral de Pamplona. La catedral de la capital navarra fue inscrita el 23 de enero de 2007 en el catastro número 2.

TUDELA

Catedral de Tudela. La Catedral de Santa María la Mayor de Tudela fue inscrita el 27 de marzo de 2007 en el registro de la propiedad número 1 de la ribera de la capital.

OTSAGABIA

Ermita de Muskilda. La Iglesia inscribió la ermita de la Virgen de Muskilda el 9 de noviembre de 1999 en el catastro de Aoiz. El caso fue llevado ante el juez por el municipio de Otsagabía, a lo que el juez reconoció que el dueño del inmueble es el Concejo Municipal, como representante de los vecinos.

UJUÉ

Santa María la Real. La iglesia-fortaleza de Santa María la Real de Ujué fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Tafalla el 4 de enero de 2006.

ARTAJONA

San Saturnino de Artajona. La iglesia de Cerco fue inscrita el 10 de julio de 2001 en el Registro de la Propiedad de Tafalla.

SANGÜESA

Santa María de Sangüesa. La Iglesia lo inscribió en el Registro de la Propiedad de Aoiz el 5 de noviembre de 2003.

El portavoz de la Plataforma, Andres Valentine, explicó a Efe este martes que «se ha dado un paso que demoró demasiado» tras la propuesta de no ley aprobada en 2017. Destacó que «lo consideramos un paso, pero un paso acotado».

En cuanto a si esta lista abre el camino a las reclamaciones sobre la propiedad de estos activos, se preguntó si el gobierno español está «presentando 35.000 demandas» o «pretendiendo que hay algunas demandas y con ellas acepta todo eso. Eso no fue demandado». . »

“Nos parece que esa no es la solución. Defendemos que es necesaria una iniciativa legislativa, incluso un decreto de gobierno, que restituya la propiedad de los bienes a la situación previa al registro, tanto de personas naturales como de organismos públicos y, con especial razón , aquellos bienes que son de dominio público ”, subrayó el portavoz de la plataforma.

Siete décadas de grabación acelerada

Los privilegios de la Iglesia Católica al registrar inmuebles a su nombre, incluso en el dominio público, fueron incorporados a una ley de 1946, pero se ampliaron en 1998 con posibilidad de incluir los templos de culto.

Solo en ese último período, hasta la reforma de la ley hipotecaria en 2015, se registraron cerca de 35.000 mercancías, recogido en la lista presentada este martes en Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

LA LEY DE HIPOTECAS DE 1946

El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 decía: «El Estado, la Provincia, el Municipio y los órganos de derecho público o servicios organizados que formen parte de la estructura política de los primeros y los de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título de dominio , podrán registrar el del inmueble de su propiedad mediante la correspondiente certificación expedida por el funcionario responsable de su administración, en la que se expresará el título de compra o la forma en que fueron adquiridos ”.

Por tanto, la ley consideraba a la Iglesia de la misma forma que a las administraciones públicas y, por tanto, le permitía registrar los bienes inmuebles mediante un trámite rápido y sencillo, sin tener que presentar la documentación que se exige a otras personas físicas y jurídicas para acreditar un bien. .

Bastaba que un obispo certificara la propiedad de la Iglesia sobre un determinado bien para que quede registrado a su nombre, equiparando así a los miembros de la iglesia con los notarios públicos.

Esta equiparar la Iglesia católica con las administraciones públicas fue considerado por algunos juristas como abiertamente contrario al artículo 16.3 del Constitución, que establece el carácter no confesional del Estado, así como 14, que establece la igualdad ante la ley, ya que otorga un privilegio a la Iglesia Católica sobre otras confesiones religiosas.

LOS TEMPLOS, DESDE 1998

El Reglamento que, un año después, desarrolló la ley de 1946 reafirmó esta prerrogativa de la Iglesia Católica en su artículo 19, pero estableció una excepción en 5.4 señalando que «los templos destinados al culto católico» estaban excluidos de la posibilidad de registro.

Esta situación se corrigió con la reforma de la ley hipotecaria de 1998, en la que los templos ya estaban incluidos en este procedimiento de registro especial.

La ley fue finalmente enmendada en 2015 y, desde entonces, la Iglesia ha estado sujeta al mismo proceso que otros para reclamar la propiedad de bienes raíces.

Esta ley fue aprobada no sin polémica, ya que la oposición exigió que se revisaran los registros efectuados al amparo de la ley desde 1998 y que se esclareciera el carácter no constitucional de la situación anterior.

LA CONSTITUCIONAL, LA IGLESIA Y LA LEY DE RENTAS

El Tribunal Constitucional no se pronunció sobre los privilegios de la Iglesia en esa ley hipotecaria, pero lo hizo con respecto a la ley de arrendamiento urbano de 1964.

Lo hizo en una sentencia de 1993 contra el artículo 76.1 de esa norma, que, al igual que en la ley hipotecaria de 1946, asimilaba la Iglesia católica con las empresas estatales, provinciales, municipales y de derecho público y la eximía de la obligación de justificar la necesidad de ocupar la plaza. activos que habían sido arrendados.

El argumento constitucional fue que esta excepción favorable a la Iglesia tuvo su justificación en el carácter confesional del estado en el momento de su promulgación pero que, con la Carta Magna aprobada, violó el citado artículo 16.3.

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