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Claves del presupuesto para las políticas migratorias y justicia del gobierno de Navarra

Atención a los más vulnerables y con mayores dificultades, objetivo privilegiado en el trabajo de las dos áreas del Departamento

Él Departamento de Políticas Migratorias y Justicia propone su acción de gobierno a través de presupuestos que favorezcan la asistencia a los grupos más vulnerables y con mayores dificultades. Por ello, este año 2021 destinará 401.500 € para un programa de acompañamiento y mentoría para jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra; y fortalecerá todo lo relacionado con la justicia como servicio público, como la atención a víctimas de violencia de género, la problemática familiar o un nuevo servicio de justicia penal y reparadora navarro.

“Es fundamental, tanto en la justicia como en las políticas migratorias, una especial sensibilidad hacia aquellas personas cuyos derechos pueden estar en mayor riesgo; y generar servicios públicos cercanos y eficientes, que sean garantes de estos derechos”, subrayó el Ministro de Políticas Migratorias. y Justicia, Eduardo Santos.

Los presupuestos de la Consejería de Políticas Migratorias y Justicia para el próximo año ascienden finalmente a 39.972.356 euros, lo que supone un incremento de alrededor del 8,7% respecto al año anterior. De esta cantidad, el coste de personal representa algo menos de 6 millones de euros y casi 22 millones en el Servicio de Administración de Justicia. Estos son los datos tras las modificaciones al proyecto de presupuesto aprobadas por el Parlamento de Navarra, que sitúan el techo de gasto inicialmente asignado (11.892.000 euros) a 12.553.000 euros.

Para el concejal, Eduardo Santos, «las enmiendas apoyadas por la mayoría de los grupos son un aliciente para continuar el trabajo y un respaldo a la acción de gobierno que estamos llevando a cabo». Santos indicó que «el aumento del techo de gasto implica una responsabilidad de gestión aún mayor en la que no defraudaremos a quienes apoyaron estas enmiendas».

Políticas migratorias: la convivencia intercultural como gran desafío

En la Dirección General de Políticas Migratorias asume el reto de coordinar el nuevo programa de acompañamiento y mentoría para jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra. Los 105.000 euros inicialmente presupuestados pasaron a ser 401.500 tras el debate de las enmiendas en el Parlamento. Esta cifra se destinará a un programa incluido en el Plan de Reactivación de Navarra, que da respuesta a las necesidades de los migrantes que llegaron siendo menores de edad y que ya han cumplido 18 años.

“La lucha contra el racismo, la xenofobia y la convivencia son otros grandes retos del Departamento”, subraya la directora general Patricia Ruiz de Irízar; por ello el presupuesto prevé 66.550 euros para un Plan de Convivencia Intercultural; 50.000 euros para la elaboración y ejecución de un plan de lucha contra el racismo; y 450.000 euros en convocatorias de proyectos de sensibilización y convivencia presentadas por entidades sociales, ayuntamientos y asociaciones de migrantes.

Hay novedades en el Servicio de Mediación Intercultural, que aumenta su partida presupuestaria, y con un nuevo enfoque del trabajo que fortalece el ámbito de la comunidad para mejorar la convivencia. Por otro lado, el Plan Integral de Acogida de migrantes, otro de los compromisos legislativos, se abordará en 2021 con un importe destinado de 66.550 euros, que se destinará a su elaboración e implementación.

La pandemia COVID-19 da lugar a actuaciones especiales, como un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Navarra, por un importe de 80 mil euros, para dotar de mascarillas y medicamentos a los migrantes vulnerables. Y, por otro lado, se mantienen los servicios que ya habían sido prestados por convenio o contrato; Es el caso del Servicio de Mediación Intercultural (al que se destinarán 350.000 euros, 70.000 más que el año pasado); el Servicio de Asesoramiento en Inmigración (con un presupuesto superior a 225.000 euros); o Oficina de Denuncias, Atención y Sensibilización contra el Racismo (con una voz de 65.000 euros).

Justicia: fortalecimiento del concepto de servicio público

En lo que a justicia se refiere, el objetivo ha sido priorizar gastos que respondan al principio fundamental de tener una administración de justicia que sea un servicio público ágil y cercano a los ciudadanos. Hay incrementos presupuestarios que, en palabras del director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, «reflejan una gran apuesta política con vocación de continuidad y orientada a la mejora del servicio público que, seamos claros, es la justicia».

Este es el caso, enfatiza, en lo que respecta a «la atención a mujeres víctimas de violencia de género, la atención a casos familiares, la justicia reparadora como forma de resolución de conflictos y la reintegración como principal objetivo de la aplicación del delito». «.

En este sentido, una de las grandes innovaciones radica en la creación de un Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, que coordinará los distintos servicios sociales que se brindan a la población penitenciaria, para un mejor seguimiento de cada caso. Además, permite destinar un presupuesto a acciones de justicia reparadora (195.000 euros) para, por ejemplo, frenar el uso abusivo del derecho que hacen algunas instituciones bancarias en el ámbito de las hipotecas.

La atención a la violencia doméstica y de género tiene un techo de gasto estimado de 450.000 euros, y el Servicio de Atención a la Mujer (SAM) cuenta con 140.000 euros más que el año pasado, dentro del rubro de transferencias a pedidos. profesional.

Por su parte, la preocupación por la atención de casos familiares se demuestra, por ejemplo, en la dotación de tres nuevos puestos de psicología forense dentro del Instituto Navarro de Medicina Forense, que permitirán dar una rápida respuesta a las familias que necesitan coito. psicosocial.

La búsqueda de la eficiencia es también la base de un proyecto de inteligencia artificial sobre políticas públicas de prevención del delito y reinserción social. Juntos, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la empresa pública Tracasa trabajarán en este proyecto.

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