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El gobierno de Navarra propone modificar la ley de finanzas locales para facilitar el uso de sus restos



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La Comisión Jurídica del Gobierno Local ha informado favorablemente sobre este proyecto de ley

PAMPLONA, 9 de noviembre. (PRENSA EUROPEA) –

El Gobierno de Navarra propuso modificar la ley de hacienda local con el objetivo de «hacer más ágil y simplificar los procedimientos de gestión presupuestaria de las administraciones locales y hacer más simple el aprovechamiento de sus residuos».

La Comisión Foral de Régimen Local, donde se reúnen el Gobierno de Navarra y administraciones locales, informó favorablemente sobre este anteproyecto de ley foral que prevé, además de la exención del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), créditos relacionados ‘Impuestos opcionales sobre el impuesto territorial sobre la vivienda de familias varias, monoparentales o bien monoparentales, de este modo para el fomento de las energías renovables.

El Gobierno Regional tiene sosprechado aprobar este anteproyecto este miércoles en sesión y después será enviado al Parlamento de Navarra para su tramitación y, en su caso, posterior aprobación, notificó el Gobierno en nota.

ACELERAR EL TRATAMIENTO DE CAMBIOS

Particularmente, para facilitar la utilización de los excedentes de caja, el emprendimiento de ley prevé acelerar la redacción de los cambios presupuestarios. En este sentido, el Pleno va a poder aprobar créditos expepcionales o bien integraciones de crédito financiadas con superávit sin tener que aguardar la aprobación de la definición presupuestaria, que también se prevé para la incorporación de créditos no gastados del año anterior.

También, se prevé la oportunidad de que el Pleno incluya en la ejecución un mecanismo más ágil para la elaboración y entrada en vigencia de los cambios presupuestarios que son de su rivalidad, como la publicación en el tablón de avisos municipal, en vez de tener para ser enviado al Boletín Oficial de Navarra, o bien la disminución de los días desde su aprobación inicial hasta la final, como sucedió hasta la actualidad.

Otra novedad es que las autoridades locales podrán tramitar, entre otras muchas cosas, las prácticas establecidos con antelación a la existencia del crédito, no solo para el año siguiente (como ya prevé la vigente Ley Regional 2/2018, de Contratos Públicos), sino además para el año fiscal en curso.

De igual modo, en el ejercicio de la rivalidad histórica de Navarra en materia de finanzas locales, se elaboran normativas autonómicas para ofrecer cumplimiento a las reglas fiscales sobre estabilidad fiscal y sostenibilidad financiera. Esta regulación no sería de aplicación para los años 2020 y 2021, dado que la normativa fiscal está suspendida para estos años por acuerdo del gobierno español.

Sin embargo, el anteproyecto prevé, como principales noticias en materia de estabilidad presupuestaria, que, antes que nada, ante posibles incumplimientos por la utilización de la tesorería remanente, ya no es requisito realizar un plan económico-financiero sino una Reportar en Pleno la autoridad local con semejantes peculiaridades.

Esta hipótesis siempre estaría sujeta al cumplimiento de los criterios generales de equilibrio financiero y sostenibilidad de las fincas locales. La Dirección General de Administración Local y Despoblación, en ejercicio de la supervisión financiera de los entes locales de Navarra, va a poder pedir cualquier información agregada que estime precisa, así como la adopción de medidas complementarias en su caso.

En este sentido, el gobierno regional recordó que los restos de la tesorería de las autoridades locales, o sea, sus ahorros, tienen una considerable aptitud de financiación para acometer las medidas que cada autoridad local considere oportuno llevar a cabo en beneficio de sus vecinos. .

Por último, se modifica la fecha de aprobación de la definición del presupuesto, que pasa al 31 de marzo, y de presentación de los estados financieros de la municipalidad, que pasa al 30 de abril. Además, se simplifican los procesos de control interno e inspección, dado que es viable una intervención preventiva limitada para todas y cada una de las autoridades locales, tal como un régimen de control de adentro simplificado para las más pequeñas.

IMPUESTOS LOCALES

Por otro lado, el proyecto prevé, en relación con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), su exención para los contribuyentes que tengan una facturación inferior a 1 millón de euros. La pérdida de ingresos que esta medida supone para los ayuntamientos será compensada anualmente a través del Fondo de Financiamiento Local.

Para los municipios con menos de 5.000 habitantes esta compensación será del 100%, mientras que para el resto de ayuntamientos se aplicará una reducción del 5% en concepto de mora y gastos y gestión fiscal.

También, el anteproyecto contempla otras creaciones en materia de impuestos locales. En cuanto al impuesto predial, los municipios tienen la posibilidad de detallar un descuento de hasta el 90% en las casas de familias varias, monoparentales o monoparentales.

Para el fomento de las energías renovables, los Ayuntamientos pueden establecer una rebaja de hasta el 50% en inmuebles donde se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o bien eléctrico de energía solar u otras energías renovables y hasta el 95% del ICIO (Impuesto al Construcción, Planta y Obras) en el caso de creaciones, instalaciones u obras para el aprovechamiento de energía solar o bien otras energías renovables.

Por su parte, se posibilita el aplazamiento de las deudas tributarias cobradas por recibo para hacer más simple el pago de la gente que tienen dificultades financieras.

Con relación a el impuesto de circulación, se amplía el alcance de la exención para automóviles adaptados y inscriptos a nombre de personas con discapacidad mientras desaparece el vínculo entre la exención y la potestad fiscal del vehículo. Aparte, las tasas que corresponden al impuesto de circulación se actualizan en un 4,3% para el año 2021.

Finalmente, en lo relativo a las plusvalías, se actualizan los factores y se aclara el valor de adquisición que hay que asumir para saber si existe o no un incremento de valor en caso de una transferencia posterior a otro exento.

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