El mismo 14 de octubre de 2019, cuando se conocía la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenaba a los líderes del ‘procés’ independentista catalán, el Sistema de Información de Schengen (Sirene) español se comunicó con el belga para transmitirle una «noticia importante»: que ese día se había vuelto a emitir una orden europea de detención (OED) contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y que era un caso «muy sensible» para el país.

En el sumario de la pieza sobre la situación personal de Puigdemont que se sigue en la Sala Segunda del TS, al que ha tenido acceso Europa Press, constan tanto la OED como la Orden Internacional de Detención (OID) recibida por Interpol, además de las correspondientes de busca y captura giradas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por el alto tribunal.

«Nuestra autoridad judicial requiere urgentemente la ejecución de la misma, dado que (Puigdemont) se encuentra en su país», exhortaron las autoridades españolas, añadiendo que Eurojust también esperaba respuesta en ese sentido.

En esa comunicación oficial, solicitaban además «urgentemente» información recalcando la trascendencia de este asunto. «Como sabéis, este es un caso muy sensible en nuestro país», subrayaban.

Ese fue un hito más en el sinuoso camino que a lo largo de los últimos cuatro años ha recorrido el instructor de la causa especial 20907/2017, Pablo Llarena, y que le ha llevado hasta el último capítulo en el intento de traer detenido a Puigdemont, que tendrá su desenlace este lunes ante el Tribunal de Apelación de Sassari (Italia).

HELSINKI: «HABLA FRANCÉS»

Antes de que en 2019 se conociera la sentencia, el 23 de marzo de 2018, cuando Puigdemont se encontraba en Helsinki para participar en una serie de debates y conferencias con el fin de internacionalizar la causa soberanista, Llarena reactivó la orden de detención.

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Así se recoge en una orden incluida en el tomo I de ese sumario, en la que se detalla que el exdirigente independentista habla español, catalán y francés. En el documento, al que acompaña una instantánea institucional de Puigdemont junto a la bandera de la comunidad autónoma, se especifica además que el político tiene dos domicilios conocidos: en la capital finlandesa y en Waterloo, en Bélgica.

La orden de detención también señalaba que Puigdemont estaba siendo buscando para enfrentarse a un delito de rebelión penado con hasta 25 años de prisión y otro de malversación de caudales públicos, castigado con penas de un máximo de 8 años de cárcel.

En la misma se adjuntaba una descripción de cerca de 13 páginas en la que se detallaba la participación de Puigdemont en el proceso que buscaba «obtener la independencia» de Cataluña, incluyendo una descripción de la hoja de ruta acordada en 2015 por Convergencia, ERC, Omnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana y la Asociación de Municipios para la Independencia.

El documento remitido por Llarena también señalaba las actuaciones llevadas a cabo en el Parlamento de Cataluña con la aprobación de las conocidas como leyes de ‘desconexión’ y finalizando en el referéndum del 1 de octubre y los disturbios posteriores que acabaron con enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.

Ese mismo año, pero el 25 de septiembre de 2018, dos días después de que el magistrado español impulsase la orden de detención, Puigdemont fue detenido en Alemania tras entrar en coche desde Dinamarca. Fue entonces cuando se inició su periplo en el país bávaro y que le llevó a prisión por un espacio de doce días.

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En abril de 2018, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, dictó libertad bajo fianza de 75.000 euros para Puigdemont e indicó que la extradición solo era posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión. El intento alemán quedo entonces paralizado.

SASSARI: «EL SUJETO HA SIDO DETENIDO»

El viernes 24 de septiembre de 2021, la Secretaría de la Sala Segunda del Supremo recibía un correo de la Oficina Sirene España a las 9.09 horas. Indicaban a Llarena que con arreglo a la OED, Italia había detenido a Puigdemont en la tarde del jueves. «Adjunto se remite formulario procedente de la oficina Sirene del país donde se ha detenido», indica ese mail.

En él, interesaban la traducción al italiano de esa OED «a la mayor brevedad posible» y avisan de que Italia solicita «la inserción de un flag de validez para la requisitoria en su territorio». Se trata de un mecanismo informático de aviso entre estados.

En el tomo IV del sumario se recogen las últimas actuaciones en esta pieza personal, en concreto, se recoge la comunicación de la Policía italiana con la española para indicar que se ha detenido a Puigdemont en el aeropuerto de Alghero (Cerdeña) el 23 de septiembre en un control policial.

En el documento se dice que el «descubrimiento» lo ha realizado la ‘Polizia de Frontiera Aerea Alghero’ fruto de la ejecución de la OED. Tras la detención, el ‘Ministerio della Giustizia’comunica desde Roma que el 24 de septiembre lo envían al Tribunal de Apelación de Sassari. «Puigdemont está detenido en la cárcel de Sassari», comunican.

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En un segundo mensaje indican que «el sujeto ha sido detenido y a partir de este momento se aplicarán las normas previstas por la legislación nacional italiana». Al día siguiente el tribunal resolvía dejarle en libertad sin medidas cautelares a la espera de la vista que se celebrará este lunes por la mañana.

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