La Ley de Memoria se enfrenta a su primer examen en el Congreso

La Ley de Memoria Democrática, que amplía la norma de memoria histórica vigente desde 2007, pasará el jueves su primer examen en el Pleno del Congreso con el debate de las enmiendas de totalidad que han presentado ERC, PP y Vox para tratar de frenar la tramitación del texto del Gobierno español. Mientras tanto, Amnistía Internacional hará entrega el mismo jueves en la Cámara de más de 327.000 firmas que reclaman que se amplíe y mejore el proyecto normativo.

Mientras el PP y Vox se han limitado a solicitar la devolución de su proyecto al Ejecutivo, ERC, socio recurrente del Ejecutivo español en el Congreso, ha optado por presentar un texto alternativo para que sea el que se tramite, ya que considera que la propuesta del Ejecutivo es manifiestamente insuficiente.

La previsión es que todas las enmiendas de totalidad sean rechazadas y el texto gubernamental prosiga su camino en la Cámara Baja con la presentación de enmiendas parciales por parte de los distintos partidos.

Por su parte, Esquerra, que ya votó en contra de la ley auspiciada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, sostiene que la decisión del Ejecutivo de coalición de modificar aquella norma les ha dado la razón. Pero el nuevo texto, que será defendido en la tribuna del Congreso por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tampoco convence a los republicanos, que intentarán que sea sustituido por su propia norma.

En este texto alternativo, ERC va más allá del proyecto del Gobierno y plantea reconocer «cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas» víctimas del franquismo y su derecho a la «reparación». Así, aboga por obligar al Gobierno a «restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus familiares», ya sea mediante la devolución del bien o compensando su valor económico en la actualidad.

El texto de los soberanistas catalanes persigue reconocer por ley a la II República como «un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político», así como «sus leyes y símbolos como propios e históricos», y dejar claro que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue una sublevación de parte de «un grupo de oficiales, jefes y generales del ejército contra sus manos y el Gobierno de la República».

El PP también pide la devolución al Gobierno de su proyecto de ley pero por motivos muy opuestos. Creen los de Pablo Casado que la futura norma es «innecesaria» y guiada por «un espíritu de confrontación entre españoles».

Parecidos argumentos usa Vox, que la considera una ley «revanchista» y «totalitaria» que «impone una versión sectaria y distorsionada de la historia, «divide a los españoles en buenos y malos» y «pone en peligro derechos fundamentales , como las libertades de pensamiento, expresión, asociación, educación y religiosa».

Por su parte, Ciudadanos se muestra dispuesto a apoyar la norma si el PSOE y Unidas Podemos aceptan la toma en consideración de su Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las víctimas del terrorismo, que incluye la prohibición de los homenajes a etarras. Según explicó ayer el portavoz naranja Edmundo Bal, el proyecto de ley de Moncloa «quiere perseguir los homenajes a dictadores muertos pero no impide los homenajes a los terroristas vivos».

recogida de firmas Por último, Amnistía Internacional anunció ayer que ha recogido más de 327.000 firmas que reclaman que el proyecto de ley se amplíe y se mejore para «garantizar verdad, justicia y reparación» para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

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